El pasado 6 de noviembre, más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales expresaron la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas exigiendo al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial. Lo hicieron con la presentación de un manifiesto ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Precisamente esa misma semana se hacían públicos los datos del incremento exponencial de los beneficiarios del bono social. Desde abril de 2018 hasta abril de 2020 se ha pasado de 449.267 hogares acogidos (para las organizaciones firmantes “una cifra ridícula”) a 1.311.662, es decir, un 191% más de beneficiarios. Pero desde abril de 2020, con la nueva vía de acceso al bono social, ha habido más de 200 hogares nuevos al día acogidos a esta medida. Estas cifras no hacen más que poner sobre la mesa el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia.
Durante el mes de octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria empezaron a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos. Esta situación ha generado una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones firmantes reclaman al ejecutivo de Pedro Sánchez que, hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.
En una comparecencia que tenía lugar en la misma movilización ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han declarado: “No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos y derechos, no meras palabras”.
El manifiesto se ha registrado en ese ministerio, pero también en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Fomento y el Defensor del Pueblo. Éste no es más que el primer paso para exigir una respuesta contundente por parte del Gobierno para frenar los cortes de agua, luz y gas en el Estado español. Las organizaciones seguirán planeando acciones hasta que se tomen medidas valientes que prioricen los intereses de las personas por encima de los beneficios de estas grandes empresas.
FRAVM