La historia de esta vecina, que ha conseguido superar dos intentos de desahucio, es por desgracia más habitual de lo que parece en nuestro distrito
De momento, Kathy se queda
ROBERTO BLANCO TOMÁS
Kathy es una vecina de Villaverde de origen ecuatoriano, madre de tres hijos menores (uno de ellos de muy corta edad) a los que saca adelante sola trabajando en el sector de la hostelería. Es una vida dura, pero siempre se ha apañado bien: lleva 14 años en España, trabajando casi todo el tiempo, y nunca ha fallado a pagar el alquiler. Y es que Kathy es toda una mujer, acostumbrada a pelear duro para salir adelante, igual que un alto porcentaje de las vecinas que viven en este distrito de gente trabajadora y luchadora.
Pero de un tiempo a esta parte, las cosas están siendo especialmente duras para ella. En su anterior vivienda había pasado de pagar 500€ al mes a algo más de 800. Si a ello sumamos que había tenido que pedir reducción de jornada para cuidar del bebé y que ahora cobra 650€ mensuales, las cuentas ya no salen. Por ello se puso a buscar algo más barato, que pudiera permitirse, y lo encontró en San Cristóbal: un piso que se ajustaba a sus necesidades, y por 350€ al mes. No lo pensó dos veces y firmó el contrato. Todos sus ahorros se fueron en la fianza, la mensualidad y demás gastos, pero parecía que sus problemas se habían solucionado, y se mudó tan contenta a su nueva vivienda. Llevaba allí menos de un mes cuando comenzó la pesadilla, en forma de notificación de desahucio. Su casero no pagaba la hipoteca, lo que motivaba la orden de lanzamiento. El contrato que Kathy había firmado no tenía validez alguna, ella y sus hijos eran “okupas”, y se tenían que ir. “Fue muy rápido, me sentí desesperada… Acudí a los juzgados de plaza de Castilla, moví papeles… Pero solo me dijeron que tenía una semana de plazo para marcharme. No podía hacerlo: tenía un bebé de seis meses, y los otros dos niños… No sabía qué hacer”, explica.
En plaza de Castilla coincide con una chica colombiana, Olga, que le pone en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Villaverde. Francesco, de dicho colectivo, continúa la historia: “Kathy ha acudido al consulado de Ecuador, que tiene un servicio jurídico gratuito para sus compatriotas, con abogados que pertenecen a la plataforma y trabajan allí unas horas semanales. Ha tenido seguimiento con uno de estos abogados, que colabora con nosotros también. Y así hemos intentado negociar con la entidad, Bankia, pero ésta no quiere saber nada”.
Kathy también ha acudido a la EMVS y al IVIMA, entidades para la vivienda social del Ayuntamiento y la Comunidad, respectivamente. En la primera de ellas incluso la habían incluido en la lista de asignatarios para una vivienda social, pero a la hora de presentar papeles se encontró con otro problema, esta vez burocrático: la guarda y custodia de sus hijos está en trámite (para la hija mayor, de padre distinto en paradero desconocido, lleva algo más de año y medio esperando su concesión), y al no tenerla tampoco le conceden la vivienda. Francesco lo resume a la perfección: “Kathy podría estar ahora en una vivienda, tranquila. Es más importante esperar un papel que está tardando más de un año que buscar una solución habitacional para una familia con tres menores… Es alucinante”.
El primer intento de desahuciarles fue el 11 de julio, consiguiendo paralizarse sin fecha. Eso proporcionó más tiempo, dedicado a continuar con los trámites, sin resultados: ni el banco ha querido negociar un alquiler social, ni la Justicia paralizar el proceso. En diciembre llega otra notificación, y se vuelve a poner en marcha el dispositivo solidario, redoblando los intentos por buscar una solución. Servicios Sociales no da ninguna alternativa; la EMVS sigue en lo mismo: sin guarda y custodia, nada. La trabajadora social le ofrece un albergue social para unos días, a lo que Kathy se niega: ni es solución, ni es el mejor sitio para sus tres hijos menores. A última hora y presionado, el Ayuntamiento termina mediando con la entidad y consigue un acuerdo para suspender el proyectado lanzamiento la misma mañana que se iba a producir, el 30 de enero. Pero la situación actual es la misma: el desahucio se ha parado sin fecha, y pueden reactivarlo cuando el banco lo solicite. Bankia sigue sin querer negociar: Kathy y la PAH lo están intentando, pero la entidad, hasta ahora, ni ha contestado.
Francesco está indignado: “Hay que subrayar que éste no es un tema de mafias, como intentan relacionar cuando se trata de barrios como San Cristóbal. Aquí la mayoría de los casos de desahucio que se dan son familias que no pueden pagar los 600 o 700 euros que puede costar un alquiler en Villaverde. La mayoría de estas familias con niños son monoparentales, con la Renta Mínima de Inserción o sueldos como el de Kathy, que no dan para alquilar un piso a precio de mercado y cubrir el resto de gastos de una familia. Y lo que realmente ocurre es que, cuando echan a la calle a alguien en un caso como éste, le están echando en las manos de esas mismas mafias. La política de las Administraciones y los bancos, de negar alquileres sociales a familias que no tienen ingresos suficientes, está favoreciendo a las mafias, que están lucrándose de la desgracia y la pobreza de la gente, de las familias de Villaverde”.
Nos explica Francesco que “en Villaverde hay bastantes casos como el de Kathy… Porque hay que decir la verdad: los hombres, ante situaciones de desempleo o de crisis, muchas veces desaparecen, y la parte más fuerte de la familia reside en las mujeres, que han de sacarla adelante. Por eso urge una política social de vivienda. Yo entiendo que este ayuntamiento está haciendo algo, pero no lo suficiente. Van a sacar 4.200 viviendas en lo que queda de legislatura, pero en la EMVS ha habido 14.000 solicitudes. Se debería presionar a los bancos para que pongan a disposición de la sociedad los miles de viviendas que tienen vacías, suficientes para atender a las necesidades actuales. Las entidades financieras no quieren porque bajarían los precios; por tanto, la única forma de conseguirlo es a través de un cambio legislativo. Por eso desde la PAH, la FRAVM y ALA hemos metido a registro en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular para una ley que regule el acceso a la vivienda para todos, que en la CAM no existe”, concluye.
ILP por una vivienda digna
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Asociación Libre de Abogados están impulsando una Iniciativa Legislativa Popular en la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta ILP es acabar con el drama de los desahucios y garantizar el bien social de la vivienda en la CAM. El pasado 16 de febrero, representantes del grupo promotor registraban dicha iniciativa en la Asamblea de Madrid. Ahora, en el plazo de tres meses, es necesario recoger al menos 50.000 firmas entre la ciudadanía para que se admita su tramitación.
Más información: www.ilpviviendamadrid.com